GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA

La congresista de Alianza por el Futuro, Martha Hildebrandt, aseguró que la gratuidad de la enseñanza superior en las universidades estatales no es indiscriminada. Por tanto, dijo, debía darse luz verde al proyecto de ley que exige a los jóvenes provenientes de colegios particulares pagar en las universidades públicas la mitad del monto de su última pensión escolar.El proyecto propuesto por Hildebrandt el año pasado sería discutido el 4 de junio en la Comisión de Educación del Congreso. La parlamentaria dijo: "Todos esconden el artículo 17 de la constitución la cual establece que la gratuidad de la enseñanza está subordinada a dos condiciones, mantener un record académico satisfactorio y carecer de recursos para costear la carrera", Además, Hildebrandt afirmó que el método propuesto para determinar las pensiones puede ser modificado y perfeccionado. "Me interesa el qué y no el cómo", dijo y explicó que debe aprobarse primero la ley y "evaluar si alumnos ricos y flojos tengan derecho a la gratuidad de la enseñanza", para luego establecer la implementación de la norma.Pues sí, quien puede pagar que pague. No puedo sino estar de acuerdo con esto. Se debe apoyar a quien lo necesita, no a quien puede pagar.

Pero, ¿Es este el problema más importante en las universidades públicas?Ocurre que este tipo de leyes abre las puertas para propósitos diferentes de los que se anuncian. Más aun, en un contexto en que la aplicación de principios muy buenos es imperfecta, hay grandes peligros.Creo que quieren hacer las cosas al revés: comenzado por lo fácil, pues es fácil cobrar pensiones.Con la idea de Hildebrandt, se pagará por la educación universitaria, las universidades dejaran de ser gratuitas (seguirán siendo públicas) y poco a poco el estado dejara que las universidades se autofinancien y funcionen de facto como universidades privadas; habrán estudiantes que paguen, la administración de una universidad tiene el incentivo para preferir en la admisión a estos estudiantes, los de mayores ingresos; los estudiantes de menores ingresos pasarán a depender del financiamiento público y, si todo sale bien, pasan a pagar pensión cero.

Además, como saber si un estudiante que viene de colegio privado tiene una buena economía; si no conocen su caso, existen varios padres que hacen todo lo posible por que sus hijos estudien en esos colegios puesto que ven a los estatales con un nivel menor, en otros casos no todos los que han estudiado en un estatal tienen bajos recursos, y así analizando existen muchos otros casos que no coordinan con lo que dice la tratada ley. Resulta imposible generalizar quienes tienen o no recursos debido a que todos estudiantes de instituciones privadas no tienen los mismos ingresos.

Llegado a este punto, vale la pena que se plantee el problema en su integridad, veamos todos los costos y todos los beneficios y no sólo nos dejemos guiar por el engañoso "quien puede pagar, que pague". Es como la pena de muerte: un tema que agita pasiones, pero que no resuelve el problema que supuestamente quiere resolver. La pena de muerte no resuelve el tema de la criminalidad, ni cobrar pensiones resuelve el problema de la universidad pública. Tampoco está claro si ayudan sustancialmente a resolverlos.